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Estudiante de Chile continúan movilizaciones
Exigen el fin del lucro educativo; desmanes dejan 330 detenidos
EL UNIVERSAL 29 JUN 2012 | 07:00
Los estudiantes chilenos volvieron a demostrar ayer su fuerza con la manifestación más multitudinaria del año en Santiago, convocada para arremeter contra los ingentes beneficios que obtienen muchas instituciones, pese a que el lucro educativo está legalmente prohibido.
Los líderes estudiantiles cifraron en unos 150 mil —la policía habló de 40 mil— los asistentes a la marcha, que se convirtió en una prueba de que el movimiento que eclosionó en 2011, cuando salieron a las calles más de 40 veces, no ha perdido su poder de convocatoria.
Esta es la tercera marcha del año y la primera que contaba con permiso para desfilar frente a la sede de gobierno. En varios puntos del recorrido, jóvenes con los rostros cubiertos intentaron saquear algunos locales comerciales, destruyeron parcialmente un autobús del transporte público, sin pasajeros, rompieron semáforos y sacaron las rejas metálicas que dividían en dos las ocho pistas de la principal arteria capitalina y las lanzaron contra los policías, que los reprimieron con chorros de agua y gases lacrimógenos.
Un policía sacó su arma y amenazó a una turba había herido a su compañera con una piedra en la cabeza cuando los agentes intentaron detener el saqueo de una farmacia. Hubo 250 detenidos en la capital y al menos 80 jóvenes en provincias; 20 policías resultaron heridos.
Las protestas se enmarcan en una jornada de paro nacional acompañada por otras marchas que, según medios locales, reunieron a entre mil y cinco mil personas en ciudades como Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Concepción, Valparaíso, Temuco y Valdivia.
Los estudiantes siguen exigiendo erradicar el modelo impuesto en 1981 y terminar con los altos precios que deben pagar por sus estudios.
Pero en la marcha de ayer, los jóvenes apuntaron sus dardos contra el lucro en la educación en el que muchos centros incurren a través de subterfugios legales, como las sociedades que controlan estas universidades, que constituyen de forma paralela empresas inmobiliarias que arriendan locales a la misma universidad y obtienen así beneficios.
La semana pasada, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados presentó un informe en el que acusa a siete centros privados de incumplir el requisito legal de ser corporaciones educativas sin fines de lucro. El fiscal nacional, Sabas Chahuán, anunció ayer que dos fiscalías de la capital indagarán esas denuncias.
