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Se modifica combate al crimen en Centroamérica
Sigue enfoque represivo. La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado obliga a los países centroamericanos a resideñar estrategias
EL UNIVERSAL 09 JUL 2012 | 05:23
El ajedrez militar de Centroamérica en la lucha contra el crimen organizado —y en particular contra el narcotráfico internacional— sufre un rediseño en un abanico de factores: la negociación para levantar el embargo militar que Estados Unidos impuso a Guatemala desde 1977 por violaciones a los derechos humanos atribuidas al ejército; el acelerado despliegue de soldados guatemaltecos en nuevas estaciones en la frontera con México y la renovada presencia de tropas estadounidenses en Honduras.
Apaciguada la agitación política regional luego de que el presidente de Guatemala, Otto Pérez, lanzó en febrero pasado una propuesta para legalizar las drogas que obtuvo tibio recibimiento de la comunidad internacional, el énfasis del combate a los cárteles mexicanos y colombianos del contrabando de drogas y a las ramificaciones de la delincuencia en el istmo permanece en la represión total, sin ninguna nueva alternativa viable, coincidieron analistas e investigadores del fenómeno centroamericano de inseguridad.
“Seguimos replicando la historia fracasada”, denunció el guatemalteco Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala (no estatal). “Seguimos haciendo exactamente lo mismo. No hay ningún cambio. Utilizar el argumento de fuerzas militares para combatir al narcotráfico está más que demostrado que no funciona y... genera una violencia descontrolada”, afirmó, en una entrevista con EL UNIVERSAL.
En este panorama, hay una variedad de movimientos castrenses en desarrollo en el istmo.
Costa, selva y llanura
El Comando Sur del ejército de Estados Unidos ayudó al gobierno y a las Fuerzas Armadas de Honduras a instalar, en abril de este año, tres bases en suelo hondureño para desplegar operaciones de intercepción de contrabandos de droga del sur al norte de América.
La embajada de EU en Tegucigalpa dijo a EL UNIVERSAL que “no hay bases estadounidenses en suelo hondureño”. Lo que existen, añadió, son “tres sitios de plataformas para aterrizar helicópteros en bases militares hondureñas existentes para permitir apoyo aéreo para operar en mayor proximidad a los ‘puntos calientes’ conocidos por actividad del narcotráfico”.
“Pilotos guatemaltecos y estadounidenses y algún personal de tierra estadounidense están presentes como personal de avanzada en estos tres sitios operacionales cuando están en operación. El número de personal no hondureño no es más de 12”, aseguró.
Las nuevas instalaciones están en tres puestos estratégicos: la costa —en Puerto Castilla—, la selva tropical —en Mocorón—y la llanura —en El Aguacate— y su ubicación responde a planes de interceptación de las operaciones de contrabando de drogas de Colombia a Honduras, por aire, tierra y mar, en la ruta hacia México y EU.
Desde 1983, EU ha tenido una presencia militar en la base hondureña de Palmerola o Soto Cano que ahora es responsable de los esfuerzos militares de Washington en Centroamérica. La embajada precisó que “la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo está compuesta de aproximadamente 600 militares estadounidenses, acantonados en la base militar hondureña de Soto Cano. Su función primordial es asistencia de alivio en desastres; sin embargo, también brindan apoyo aéreo limitado en actividades de lucha contra el narcotráfico”.
Las fuerzas de EU, agregó, “tienen tanto helicópteros con capacidad de transporte liviano como pesado asignados en Honduras para proporcionar apoyo logístico y evacuación médica. Los sitios de plataforma para aterrizar sirven como puntos para reabastecimiento de combustible. No existen barcos de Estados Unidos asignados en Puerto Castilla”.
La embajada explicó que las tropas estadounidenses solo están autorizadas a disparar en situaciones de defensa personal; tienen prohibido atacar. El objetivo primordial es estar más cerca de las zonas de transporte aéreo de estupefacientes y movilizarse para ayudar a los militares y policías de Honduras y agentes de la DEA, la agencia antidrogas de EU, a trasladarse a puntos en los que pueden interceptar a los contrabandistas de drogas.
En una medida que sólo puede revisar en el año fiscal 2013, que empieza a correr en octubre próximo, EU decidirá si levanta o mantiene el embargo militar que en 1977 impuso el entonces presidente Jimmy Carter a Guatemala, que prohíbe que Washington les suministre armas y demás equipo bélico.
Para el canciller guatemalteco, Haroldo Caballeros, el embargo es “un castigo político”; alegó que “es muy antiguo” y que la situación guatemalteca hoy es muy distinta a la de de 1977, cuando el país estaba sumido en una guerra entre militares derechistas y guerrillas comunistas que estalló en 1960 y concluyó en 1996.
Condiciones complejas
Fuentes políticas guatemaltecas explicaron a EL UNIVERSAL que aunque el Comando Sur, en particular, y el Departamento de Defensa de EU, en general, están trabajando para levantar el embargo, el calendario y las condicionantes son complejas.
El listado de requisitos establece que la Casa Blanca debe certificar ante el Congreso de Estados Unidos —al que corresponde adoptar la decisión final— que el ejército guatemalteco respeta los derechos humanos, colabora con las investigaciones sobre casos de atrocidades cometidas en el pasado, coopera con desclasificar archivos miliares y es reconocido como una fuerza armada que ya no viola los derechos de la población. “Eso está complicado”, dijo una fuente política guatemalteca.
Sin embargo, aunque Washington está inhibido a entregar directamente la asistencia militar a Guatemala, puede “triangularla” vía Israel. Además, las fuerzas armadas guatemaltecas pueden comprar pertrechos militares a cualquier otro proveedor.
El ejército guatemalteco, que ansía dejar de estar en la “lista negra” y ser reconocido internacionalmente, inició la distribución de más de 500 soldados —entre ellos unos 300 “kaibiles”, unidades de tropas élite de adiestramiento más riguroso— en dos brigadas en la frontera entre México y Guatemala.
La primera, que cubrirá más de 300 km2, incluida la conflictiva región de El Petén, estará en Puerto Barrios, uno de los principales del Caribe de Guatemala, y dispondrá de tropas de infantería y fuerzas especiales marítimas que se detectarán el paso de estupefacientes, informó el gobierno guatemalteco. La segunda operará en el departamento de San Marcos, colindante con Chiapas, y su misión primera será detectar y erradicar sembradíos de amapola, materia prima para llevar a laboratorios de producción de heroína en México.
En el menú de opciones, la cuestión militar es esencial, principalmente en países en los que, como Guatemala, El Salvador y Honduras, las fuerzas armadas retornaron en los últimos años a las calles pero ahora a cumplir tareas de seguridad pública y del ámbito policial, luego de que en décadas pasadas ejecutaron trabajos políticos y de represión a las guerrillas comunistas del área y acumularon un historial de desprestigio por las atrocidades en derechos humanos.
